EJECUTIVOS. Texto para el debate

REPORTAJE: Primer plano
Culpables, millonarios e impunes
El mal hacer de una casta intocable de directivos está detrás de la crisis financiera
RAMÓN MUÑOZ 12/10/2008, EL PAIS


"Cuando nace un brahmán, nace superior a la Tierra entera, es señor de todas las criaturas, y tiene que guardar el secreto del dharma. Todo lo que existe en el mundo es propiedad privada del brahmán. Por la alta excelencia de su nacimiento, él tiene derecho a todo. Esto es, es él quien goza, quien viste, quien da a otros, y es a través de su gracia que otros gozan", se dice en el Libro de Manu. Las leyes de Manu están contenidas en un antiguo manuscrito hindú que estableció el sistema de castas en la India hace más de dos mil años. El brahmán es la casta superior. Sólo unos elegidos pueden pertenecer a la misma y, como dice la cita, gozan de todos los derechos y su única labor es instruir en el conocimiento del mundo al resto de castas (salvo a los parias o intocables, que no gozan de ningún derecho).

Los ejecutivos han salido por la puerta de atrás, pero con las carteras llenas
El salario directivo ha subido un 45% en diez años. El del trabajador, un 7%
El FBI ha abierto una investigación, pero ninguno ha sido procesado
Si el botín del robo del siglo fue de 60 millones, ¿cómo se llamará a éste?
El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas. Sus brahmanes son los directivos y consejeros de las grandes corporaciones. Gozan de privilegios y prebendas por doquier: sueldos estratosféricos, planes de incentivos, vacaciones, jet privados y club de campo a costa de la empresa... Y no tienen casi ninguna responsabilidad. Si las acciones suben, ellos son los que más ganan gracias a los programas de opciones sobre acciones que premian la revalorización bursátil. Si la cotización se derrumba o incluso si las firmas quiebran y los accionistas pierden todo lo invertido, ellos también ganan. En caso de despido, cuentan con cláusulas que les aseguran indemnizaciones multimillonarias, conocidas como paracaídas de oro (golden parachute), de las que no disfrutan los trabajadores, los parias de este orden económico.
El derrumbe del sistema financiero internacional ha sacado a la luz estas colosales prerrogativas de los directivos cuya gestión ha abocado a la desaparición a firmas históricas como
Lehman Brothers o Merrill Lynch. Sus arruinados accionistas y ahorradores o los trabajadores despedidos se preguntan por qué en lugar de ser reclamados por los juzgados, los ejecutivos han salido sin hacer ruido por la puerta de atrás y con las carteras llenas. Sólo las cinco mayores firmas financieras de Wall Street -Merrill Lynch, JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns y Citigroup- pagaron más de tres mil millones de dólares en los últimos cinco años a sus máximos ejecutivos, justo en el periodo en el que éstos se dedicaron a inflar las cuentas, empaquetando en fondos y otros activos opacos, préstamos incobrables que han derivado en la mayor crisis financiera de la historia.
Cuando el sistema se colapsó, las firmas siguieron siendo generosas con los causantes de la debacle. Stanley O'Neall se llevó a casa 161 millones de dólares cuando dejó Merrill Lynch; Charles Prince obtuvo 40 millones al dejar Citigroup, cifra similar a la que que obtuvo Richard S. Fuld, de Lehman.
El código marinero tampoco va con los CEO (chief excutive officer, siglas en inglés de consejero delegado). Si el barco se hunde, son los primeros en coger el salvavidas, un salvavidas de oro. La comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto al descubierto esta semana que la cúpula directiva de Lehman Brothers aprobó bonus por millones de dólares para los ejecutivos que salieran de la empresa mientras negociaban con las autoridades federales el rescate de la quiebra. Su consejero delegado, Richard Fuld, cuya actuación ha llevado a la desaparición del banco de inversión más veterano de Estados Unidos (fundado en 1850), ganaba 17.000 dólares a la hora.
Pese a ser reverenciados por diarios financieros como The Financial Times o The Wall Street Journal como prototipo de eficiencia y seriedad, su comportamiento caprichoso se asemeja más bien al de los divos del pop o los artistas de Hollywood. James Cayne, el máximo responsable de Bear Stearns, se marchó a un torneo de bridge mientras colapsaban dos fondos de inversión que provocaron finalmente la desaparición de la quinta entidad financiera de Estados Unidos. ¡Ni siquiera encendía el móvil!
Angelo Mozilo, responsable de la quiebra del banco hipotecario Countrywide, consideraba una inexplicable afrenta personal que el consejo de administración le pidiera explicaciones acerca de los viajes de su esposa en el jet privado de la compañía, que le pagó 360 millones de dólares en los últimos cinco años.
La cultura del jet es consustancial a los CEO. Martin Sullivan, consejero delegado de AIG hasta que la aseguradora fue rescatada de la quiebra con fondos públicos por la Administración de Bush, gastó el año pasado 322.000 dólares en viajes privados o de vacaciones en el reactor de la empresa. Su colega Stanley O'Neal, presidente de Merrill Lynch, cargó gastos de avión y coche para uso particular por 357.000 dólares en 2007. Abandonó la compañía, hoy en manos de Bank of America, tras sufrir las mayores pérdidas de su historia, en octubre del año pasado, llevándose 161 millones de dólares bajo el brazo.
La constitución de ese modelo de dirección de las grandes compañías que otorga plenos poderes y remuneraciones desmesuradas a un grupo limitado de ejecutivos, no sujetos a ningún control efectivo ni a responsabilidad por su gestión, no es reciente.
Comenzó a fraguarse en los años ochenta y noventa, pero se ha consolidado completamente en lo que llevamos de siglo. Los datos no dejan lugar a dudas sobre la desigualdad laboral en la que se mueven estos asalariados de oro: en 1976, la remuneración media de los máximos ejecutivos de las corporaciones estadounidenses era 36 veces superior al sueldo medio de un trabajador de la empresa; en 1989, era 71 veces, y en 2007, cada directivo recibió 275 veces más que la retribución que sus trabajadores, según las cifras de The Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy. Este mismo informe revela que entre 1996 y 2006 las retribuciones de los consejeros delegados crecieron un 45%, cuando el sueldo medio del trabajador estadounidense aumentó sólo un 7%.
Lo más sangrante de ese abismo salarial entre gestores y gestionados es que los emolumentos de los directivos poco o nada tienen que ver en muchos casos con los resultados de la empresa que dirigen, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores que, ante la menor dificultad, sólo les queda el camino de la moderación salarial, cuando no directamente del despido.
El consejo de administración de General Motors acordó en marzo pasado elevar el sueldo del presidente de la compañía automovilística, Rick Wagoner, hasta 2,2 millones de dólares, la misma base salarial que tenía antes de 2006, cuando se le recortó el salario dentro del plan de ajuste de costes que puso en marcha la compañía. El consejo acordó también otorgarle bonus y opciones sobre acciones por más de 10 millones de dólares, pese a que la firma de Detroit presentó en 2007 las mayores pérdidas de su historia que motivaron un plan de recorte laboral que afectó a 74.000 empleados, que se irán a la calle sin bonus ni planes de opciones. A los accionistas no le van mejor las cosas. Los títulos alcanzaron esta semana el nivel de 1950.
En materia de despidos, Wagoner ha superado de lejos a su antecesor en el cargo, Roger Smith, a quien el controvertido director de cine Michael Moore le dedicó su documental Roger & me en 1989, cuando cerró la planta de GM de su localidad natal, Flint (Michigan), dejando en el paro a 30.000 trabajadores.
Moore, que a lo largo de toda la filmación intentó sin éxito hablar con Smith, tendría aún más difícil charlar con Wagoner. La casta superior del neocapitalismo, como los brahmanes indios, no tiene que dar cuentas a nadie: ni periodistas, ni jueces, ni gobiernos, ni accionistas, ni impositores, ni contribuyentes. Para tapar los agujeros que ha causado su desastrosa gestión, los Estados han anunciado planes de inyección de fondos públicos por más de un billón y medio de euros que, en último término, saldrán del bolsillo de los contribuyentes.