Boliva, entre reformismo sumiso y oligarquia

Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares, que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el presidente indígena Evo Morales.

(...) Con gran perspicacia, la oligarquía se ha aprovechado en los dos últimos años de los genuinos y legítimos deseos de la población por mejorar sus condiciones de vida y ha levantado las banderas de la autonomía y en contra del centralismo. Al pueblo le dicen y le convencen de que ahora, con la autonomía, los recursos económicos de la región ya no se irán lejos y servirán para dar empleo, pan y progreso a todos los cruceños. Este discurso caló hondo en la población civil y las organizaciones cívicas y populares, dada la ambivalente posición de Morales sobre las autonomías y el reciente recorte de recursos que hace a la región (les resta anualmente casi 200 millones de dólares del impuesto de hidrocarburos para pagar un bono para los más ancianos. Hasta el 2007 este beneficio lo pagaba el Estado y la petrolera estatal).

En este proceso, la oligarquía también ha exacerbado al máximo el racismo y los sentimientos más bajos del regionalismo y de menosprecio hacia los altiplánicos, que siempre han estado latentes en las regiones del oriente y sur del país.

No es casual, por ello, que los clanes controlen y dirijan a las masas, metan palo y amedrenten a los opositores con sus bandas fascistas y aprovechen al máximo los errores del presidente Morales, que poco o nada hace para abrir una brecha entre los clanes y las masas empobrecidas.

Atrapado por su política conciliadora y de respeto a la propiedad privada, Morales no apunta a quebrar el poder económico de los latifundistas, no va a expropiar la tierra de los latifundistas ni a redistribuirla entre los campesinos y pequeños productores urbanos.

Tampoco se orienta a quebrar la extrema explotación de la fuerza de trabajo que hace el gran capital. No quiere, por ejemplo, triplicar el salario mínimo a 1.800 bolivianos (el previsto para el 2008 es de apenas 577 bolivianos), tal como prometió en las elecciones del 2005 y con el que podría dejar a la oligarquía sin respaldo obrero y de gran parte de las clases medias. El gobierno tampoco ofrece acciones concretas para apoyar a los trabajadores del oriente en su lucha contra el capital (legislación laboral protectiva, prohibición de despidos, control sobre los empresarios, control de precios, etc).

En rigor, los dos años del gobierno de Morales no han significado un cambio positivo para los más pobres del oriente. Los pobres siguen igual o peor que antes, y Evo no les ofrece nada tangible: ni tierra ni salarios, no pone freno a la explotación laboral en el agro y menos en las ciudades y no contribuye a quebrar la hegemonía política e ideológica que tienen los clanes familiares sobre la población del oriente y los valles de Bolivia.

Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. (...)Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.

Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos.

Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.

(...)el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.

(...) Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales.

Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico
Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. (...) En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial;

(...) En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada

No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación». Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad.

Reforma agraria
El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público

MINEROS DEBATEN SI NACIONALIZAN O NO LAS MINAS

Duro y crucial debate político e ideológico en la vanguardia proletaria

Redacción de Econoticiasbolivia

Oruro, marzo 27, 2008.- Tres corrientes políticos ideológicas batallan sin cuartel en el 30 Congreso de la legendaria Federación Sindical de Trabajados Mineros de Bolivia (FSTMB) para definir si Bolivia avanza o no hacia la nacionalización de las ricas minas, controladas hoy por hoy por grandes capitales transnacionales.

En las primeras deliberaciones del Congreso, que se celebra en Oruro, se destacan tres claras tendencias: los nacionalizadores, los defensores de las empresas transnacionales y los autogestionarios.

“Es la lucha de clases. Es la lucha entre dirigentes de la minería estatal y los de la privada por la nacionalización de las minas. Hay una fuerte lucha ideológica para definir si el proceso revolucionario va hacia adelante o retrocede”, dijo el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, ahora representante sindical por la mina estatal de Huanuni.

Según Solares, el 30 Congreso minero definirá una tesis política y elegirá a los dirigentes de la Federación de Mineros que impulsarán la lucha de los trabajadores para concretar sus postulados.

“La lucha de clases significa la guerra entre ricos y pobres”, dijo al señalar que las fuerzas del “sindicalismo revolucionario harán frente al reformismo de Evo Morales y combatirán a la burguesía (…) Hay que profundizar la revolución del octubre con la verdadera nacionalización del gas y el petróleo, la nacionalización de la minería mediana y de todas las empresas capitalizadas”, agregó.

Tendencia revolucionaria

Los reportes del Congreso, citados por la minera Cepromin, señalan que los sindicalistas revolucionarios, que demandan la nacionalización de todas las minas bolivianas y la expulsión de las transnacionales, están representados por los delegados de Huanuni, Vinto y Caracoles, además de contar con el apoyo de los rentistas o jubilados mineros.
Esta tendencia aboga por una nacionalización de la minería a fin de que el Estado se beneficie de los grandes recursos económicos de los metales, ganancias que en la actualidad están siendo aprovechadas por las empresas privadas que pagan impuestos bajísimos al Estado.

Una investigación documentada de Econoticiasbolivia reveló que en la última década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado. Esto quiere decir que “por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías” (ver: Sigue el saqueo minero de Bolivia).

Cifras y razones suficientes para que la vanguardia del proletariado boliviano haya levantado la bandera de la nacionalización.

La fuerza transnacional

Frente a ellos, sin embargo, las transnacionales que dominan la minería boliviana han movilizado a sus trabajadores para defender sus intereses, conformando la segunda gran tendencia presente en el Congreso Minero y que pugnan por defender las concesiones privadas y los contratos de riesgo compartido. Sus principales representantes provienen de los sindicatos mineros de Porco, Bolívar e Inti Raymi y de las concesiones que tiene la siniestra Glencore, que opera en Bolivia bajo el nombre de Sinchi Wayra.

La transnacional Glencore, —creada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush— ha heredado dolosamente los millonarios negocios mineros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por el pueblo en octubre del 2003 (ver: Glencore, maña y figura).

Después de fugar a Estados Unidos y pese que tenía un juicio por genocidio en Bolivia, que le impedía transferir sus bienes y riquezas, Sánchez de Lozada entregó ilegalmente sus concesiones mineras a Glencore. Ahora, Glencore, junto la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa Minera Unificada (EMUSA), manejan las minas que generaron en los últimos 10 años el 80 por ciento de los millonarios ingresos mineros (ver: Sigue el saqueo minero de Bolivia).

Los autogestionarios

La tercera tendencia, mucho más débil numéricamente que las anteriores, está representada básicamente por la delegación sindical de Avicaya, postula la creación de una empresa social autogestionaria sin dependencia de la empresa privada ni del Estado.

Los dirigentes de Avicaya advirtieron de que en vista de que el Gobierno de Evo Morales no se atrevió a nacionalizar dicha mina, "en un mes seremos dueños de la concesión minera".

Debates cruciales

El debate ya ha comenzado y en las últimas horas se han conformado cinco comisiones de trabajo, que expedirán informes a la plenaria que elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional y definirá la línea política de la histórica organización que aglutina a miles de trabajadores del subsuelo.

El magno acontecimiento obrero se desarrolla desde el día lunes 24 de marzo en Villa Chuquiña, población civil aledaña al campamento minero de la privada Inti Raymi, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Oruro.
Los debates en las comisiones de trabajo (Política, Económica, Social, Orgánica y Redacción) y la posterior conformación del nuevo Comité Ejecutivo, definirán la línea política y de acción de la FSTMB hasta el año 2010.

Críticas y divisionistas

En el acto de inauguración realizado el pasado lunes, el Secretario Ejecutivo saliente, Roberto Chávez, señaló que "de ninguna manera permitirán la injerencia del Gobierno y mucho menos de la derecha que pretende dividir al país", acotó que de este Congreso emergerá una directiva que regirá los destinos de la clase proletaria boliviana e inclusive del país.

Por su parte, según un informe de Cepromin difundido por ABI, el máximo dirigente de la COB, Pedro Montes, cuestionó la actitud de los dirigentes cívicos de Santa Cruz que junto a las prefecturas pretenden dividir al pueblo boliviano, "piensan destrozar y enfrentar a hermanos de clase y eso no lo vamos a permitir (...) por eso tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo y del sector minero especialmente", Montes finalizó señalando que frente a la arremetida de la extrema derecha y la "media luna", saldrán a las calles si es necesario.

A la reunión nacional de 51 sindicatos asisten aproximadamente 500 delegados, de los cuales 350 son titulares y 150 son adscritos. Se espera que en este Congreso se afilien más de una decena de nuevos sindicatos mineros y se ratifiique la convocatoria de la directiva saliente para enfrentar a la oligarquía y los 100 clanes separatistas que conspiran para echar abajo al indio presidente (ver: Los mineros apuntan a los 100 clanes).

Las delegaciones asistentes son: Huanuni, Colquiri, Colquechaquita, Amayapampa, Potosí, Andacaba (Potosí), Porco (Potosí), Inti Raymi (Oruro), Bolívar (Oruro), Avicaya (Oruro), Paitití (Santa Cruz), Rentistas Mineros y la Confederación Nacional de Amas de Casa Mineras, entre otros.

LA COB QUIERE DOBLARLE EL BRAZO A EVO EN LA PAZ

REBELIÓN OBRERA CONTRA EVO Y LA OLIGARQUÍA

Masiva manifestación contra la ley neoliberal de pensiones, defendida por Evo y la oligarquía, convulsiona a dinamita la sede de gobierno

Redacción de Econoticiasbolivia

La Paz, julio 30, 2008.- Los sindicatos de la Central Obrera intentan desde este miércoles convertir a La Paz en el centro de la batalla para tirar abajo el sistema neoliberal de pensiones, defendido a ultranza por la oligarquía y, con ciertos reparos, por el propio presidente indígena Evo Morales.

Los trabajadores de diferentes sectores y regiones ya han comenzado a movilizarse en la sede de gobierno, en una jornada en la que sin embargo la mayor preocupación de la ciudadanía, conducida hábilmente por los grandes medios de comunicación, sigue concentrada en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, que se ha convertido en un verdadero melodrama con las fuerzas de la ultraderecha ejerciendo a plenitud su derecho al pataleo para frenar la consulta y/o deslegitimarla. El pleno de la Corte Nacional Electoral ya ha ratificado la realización del referéndum, a pesar de la resistencia de las Cortes regionales que siguen las directrices de los prefectos (gobernadores) derechistas.

En la mañana de este miércoles, nutridas columnas de manifestantes del magisterio urbano, mineros y salubristas marchaban por las calles de La Paz, mientras en las ciudades de Cochabamba, Potosí, Sucre y Riberalta se producían bloqueos de carreteras y marchas de protesta. En Oruro, decenas de cientos de trabajadores y mineros se embarcaban en flotas y buses con rumbo a la sede de gobierno, para intentar doblar el brazo a Morales, que hasta ahora sólo acepta introducir parches al actual sistema neoliberal de pensiones.

MOVILIZACIÓN POPULAR

"Los trabajadores ya están partiendo a La Paz para participar de la gran movilización, ya que en esa ciudad vamos a formar nuestro cuartel general de la clase laboral. Esta movilización será en respuesta a la represión policial que sufrieron nuestros compañeros que realizaban bloqueos de caminos en diversos puntos como Caracollo y la Apacheta", dijo el dirigente de la Central Obrera de Oruro y líder de la rebelión popular del 2003, Jaime Solares.

En horas de la tarde, el estruendo de la dinamita y de los petardos confirmaban que La Paz ya era el centro de las protestas de miles de trabajadores que luchan por implantar un sistema solidario de pensiones en vez del actual esquema privado, que es administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y que sólo brinda posibilidades de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana.

El sistema privatista, implantado en 1996 en el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en su segundo mandato en el 2003 y ahora refugiado en Estados Unidos), se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. Bajo este sistema, el trabajador aporta un 10 por ciento de su salario, además de 1,75 por ciento para un seguro de riesgo común que cubre accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral y un 0,5 por ciento de comisión de las administradoras privadas.

TRES OPCIONES

Este sistema privado que otorga enormes ganancias a las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por administrar más de 3.200 millones de dólares, es defendido a capa y espada por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación. Todos ellos quieren que este sistema se mantenga tal como está.

La segunda propuesta, ya remitida al Congreso, es la del gobierno del presidente Morales que plantea, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.

La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, y iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Estos recursos serían administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores.

La COB también postula que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas nacionales aporten a un fondo de jubilación colectivo, lo que no es aceptado ni por Morales ni los privados.

PROTESTA DE MILES

En La Paz, en horas de la tarde de este miércoles, el minero Solares, a la cabeza de varios contingentes de mineros proletarios de Oruro, dirigían la protesta de miles contra Evo Morales y la oligarquía. El eje de la movilización popular es la nueva ley de pensiones y un explosivo pliego de peticiones que va desde la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y la minas así como la confiscación de las tierras de los latifundistas que conspiran contra Morales, la expropiación de los agroempresarios que lucran con el hambre del pueblo y el aumento general de salarios.

“Evo cree que es el ombligo del mundo. Evo ahora come bien y no se da cuenta que los trabajadores estamos pasando hambre. Mientras los empresarios siguen engordando y arrinconando al Gobierno, los trabajadores estamos pasando hambre. La movilización callejera es la única arma para derrotar a la derecha y lograr nuestras reivindicaciones”, dijo el dirigente del magisterio urbano paceño, el trotskista José Luis Alvarez.

Otro dirigente de los maestros, Gonzalo Soruco, aseguraba que “el objetivo por el que estamos movilizados es lograr una buena ley de pensiones. Las rentas actuales son miserables porque están en función de los ahorros de los trabajadores. Debe haber aporte del Estado y de la parte patronal. No pueden seguir eludiendo su responsabilidad con los trabajadores”.

CHANTAJE GUBERNAMENTAL

“Con esta manifestación, los trabajadores de la COB estamos mostrando que no cedemos ni a la represión ni al chantaje del gobierno”, dijo, por su parte, Germán Chaparro, dirigente de la mina Bolívar.

“El cuartel general de los trabajadores será en La Paz, porque presionaremos al gobierno para que tome en cuenta el proyecto de Ley de Pensiones que hemos presentado, por eso, los mineros del departamento de Oruro estaremos en las marchas y bloqueos en La Paz”.

“El gobierno se está equivocando, porque como en tiempos de los gobiernos neoliberales está enviando a los policías para que repriman a los trabajadores”, afirmó.

ALIADOS DE LA OLIGARQUÍA

El dirigente laboral también rechazó las sindicaciones que hizo el presidente Morales a los sectores de la COB de ser “instrumentos del imperialismo” y “aliados de la derecha” por movilizarse y protestar en su contra.

“El principal aliado de la oligarquía es Evo Morales, porque defiende a los latifundistas, a los ricos que explotan a los trabajadores y pagan salarios de hambre (…) Que Evo se defina si va a seguir con los ricos o se va a venir con los pobres”, retrucó el minero Solares.

La principal acusación que hacen los sectores más radicales de la COB al gobierno de Morales es de haber desarrollado una política de conciliación con la derecha y la oligarquía, abandonando las banderas de la lucha popular de octubre del 2003 y 2005, entre las que está la abrogación de la ley neoliberal de pensiones, la expulsión de las transnacionales, la expropiación de todos los latifundios y la entrega de tierras a los campesinos e indígenas.

Y es que fruto de esta política conciliadora, en dos años y medio de gestión, el presidente Evo Morales entregó a la oligarquía y al imperialismo, sin lucha ni pudor, más de la mitad del territorio nacional, donde se concentran la mayor parte de los recursos naturales y tierras más fértiles del país.

Hoy, esa oligarquía viola las leyes, conspira contra el gobierno y traba todas sus iniciativas, a vista y paciencia del presidente indígena que sólo parece tener fuerza para rechazar las demandas de los trabajadores. Y eso cuestionan los sectores más radicalizados.

OTRA MOVILIZACIÓN

En cambio, los dirigentes de los sindicatos afines al gobierno de Morales, tienen escasa participación en las movilizaciones de la COB y hacen énfasis, por el contrario, en la campaña oficial para ratificar en su cargo al presidente el próximo 10 de agosto. Este es el caso, por ejemplo, de los campesinos, cocaleros, colonizadores, cooperativistas mineros y Centrales Obreras regionales como la de El Alto.

Los dirigentes de estas organizaciones instruyeron a sus bases votar el 10 de agosto por la continuidad del mandato del presidente Evo Morales, en algunos casos con la advertencia de sanciones para quienes no cumplan con el voto consigna. Paralelamente, ordenaron votar en contra de los seis prefectos de la oposición.

El principal dirigente de la Central de El Alto, el oficialista Edgar Patana, anunció que realizarán “medidas de presión y movilizaciones para protestar por el intento de la oligarquía de frenar el referéndum revocatorio”.

CAMPAÑA ELECTORAL

En la tarde de este miércoles, el vicepresidente García Linera aseguró que, pese a los esfuerzos desesperados de la derecha, el referéndum se realizaría el 10 de agosto. También anunció que convocaría a una reunión de emergencia del Congreso Nacional en caso de que alguno de los vocales de la Corte Nacional Electoral renuncie a su cargo y ponga en riesgo los comicios.

"Pareciera que algunas cortes departamentales quieren ahora sustituir la dictadura militar de las décadas de los 60 y 70. El no garantizar una ley nacional (la del referéndum) aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, es un golpe al pueblo y al Congreso Nacional", había advertido horas atrás el propio Morales.

PERSPECTIVAS

Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del 2010.

La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.

En medio de estas dos grandes tendencias se ha comenzado a abrir una tercera, impulsada por los sectores más radicales de la COB, que postulan destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores. “Ni Evo ni la oligarquía” es su consigna, pergeñada en el documento político de la Central Obrera de Oruro y que hoy motoriza la mayor demostración de fuerza del proletariado contra el gobierno indígena y campesino.

CRECE LA REBELIÓN OBRERA EN BOLIVIA

Multitudinaria movilización de trabajadores conmina a Evo Morales para que elimine la ley neoliberal de pensiones e imponga un sistema solidario con aportes del Estado, las transnacionales y los empresarios

Redacción de Econoticiasbolivia

La Paz, julio 31, 2008.- La unitaria y combativa Central Obrera Boliviana (COB) ha iniciado una dura ofensiva contra el gobierno indígena campesino de Evo Morales y contra la oligarquía, en defensa de sus propias reivindicaciones.

Por dos años y medio, la dirigencia laboral, alineada al gobierno de Morales, ha esperado que se cumpla, por lo menos en alguna medida, la denominada agenda de octubre, que consiste en la nacionalización efectiva del gas y el petróleo, la nacionalización de las minas, la expropiación de los gigantescos latifundios, el acceso a una jubilación digna para todos y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

Muy poco de ello se ha cumplido, y ahora, la negativa de Morales para liquidar la ley neoliberal de pensiones ha desatado una verdadera rebelión de los obreros y los trabajadores, que viene desde muy abajo y que ha rebasado el control de la dirigencia oficialista.

Este jueves, por segundo día consecutivo, miles de trabajadores, dirigidos por los mineros proletarios, marchaban por las calles de La Paz en demanda de la anulación de la ley neoliberal de pensiones y la aprobación de otro sistema presentado por los trabajadores y que es de carácter solidario y no individualista.

A esta movilización se han sumado hoy miles de trabajadores fabriles, que engrosaron las filas de la protesta, abandonando sus fuentes de trabajo y desoyendo a sus dirigentes ligados al gobierno.

Otras ciudades como Cochabamba, Potosí y Sucre están cercadas por los bloqueos carreteros, mientras en la mina estatal más grande de Bolivia, en Huanuni, los 4.500 mineros proletarios, que son la vanguardia revolucionaria del pueblo han decretado desde hoy la huelga general indefinida para imponer sus demandas. Ellos aún evalúan, en asamblea, si envían más contingentes para reforzar la protesta a La Paz o si se lanzan a las carreteras para cortar todo acceso a la sede de gobierno.

REBELIÓN OBRERA

La rebelión obrera contra el gobierno indígena-campesino y contra la oligarquía se da a 10 días del verificativo del referéndum revocatorio que definirá si Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y ocho de los prefectos (gobernadores), seis de ellos en virtual desacato contra el gobierno central, son ratificados por los siguientes dos años y medio o removidos de inmediato de sus cargos.

“Nosotros no estamos peleando para tumbar a Evo Morales, sino por una cuestión social, por la jubilación para todos los trabajadores a nivel nacional. Por lo tanto, que no se maneje que este movimiento de la COB como si estuviéramos en contubernio o en complicidad de la derecha. Jamás estaremos en esa situación con la derecha, porque la derecha es una representación neoliberal y no podemos estar confundiéndonos con un movimiento totalmente de los neoliberales que hicieron gemir a este pueblo de Bolivia durante más de 20 años”, dijo el dirigente de la COB, Próspero Quispe, que salió al frente de las sindicaciones gubernamentales.

El propio presidente Morales había acusado, días atrás, que los sectores más radicales de la COB eran un “instrumento del imperialismo” y que estaban “aliados a la derecha”. Con ello, Morales presionaba para que los trabajadores abandonen sus demandas y luchas.

“El principal aliado de la oligarquía es Evo Morales, porque defiende a los latifundistas, a los ricos que explotan a los trabajadores y pagan salarios de hambre (…) Que Evo se defina si va a seguir con los ricos o se va a venir con los pobres”, había retrucado el miércoles el principal dirigente de la Central Obrera de Oruro, Jaime Solares, que este jueves volvió a dirigir la masiva movilización en La Paz.

“NI EVO NI LA OLIGARQUÍA”

En el centro de La Paz, en horas de la tarde, grupos de militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) intentaban frenar la movilización de los trabajadores, aunque con escaso éxito dada la magnitud de la protesta, lo que obligó al Gobierno a lanzar a las calles a miles de policías para proteger los edificios y oficinas públicas. Con ello intentan evitar que se repita lo que ocurrió en la víspera, cuando los mineros tomaron por varias horas el Palacio de Comunicaciones, cerrando el acceso a cinco Ministerios.

“Evo cabrón, queremos solución”, gritaban a voz en cuello los manifestantes que, este jueves han dejado en claro que la clase obrera boliviana ya se está cansando de la demagogia del Presidente Morales, que lanza discursos antiimperialistas pero que gobierna defendiendo los intereses de los más ricos y la vigencia del neoliberalismo.

Los sectores más radicales de la COB, como los mineros y maestros, le cuestionan a Morales su negativa para aumentar salarios en una proporción que cubra el alza del costo de vida, con lo que sólo protege los intereses de los empresarios y del Estado que han multiplicado en varias veces sus ganancias e ingresos. También le echan en cara su defección ante la oligarquía y los 100 clanes que son dueños de la tierra y la economía en el oriente y los valles y que ha permitido que estos sectores, apoyados por la Embajada de Estados Unidos, forjen gobiernos paralelos y en abierto desacato al indígena.

“Nuestra lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente del poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y neoliberalismo”, había ya señalado en abril la asamblea de los casi 5 mil mineros de estaño de Huanuni, donde se trazó la línea revolucionaria que hoy siguen los trabajadores del país.

Allí, en la mayor mina estatal del país, los sindicalistas conminaron al gobierno de Morales a dejar de lado su política conciliadora con la burguesía, que lo único que logró fue que la derecha y el fascismo alcen cabeza, ganen a las clases medias y tomen el control de casi la mitad de Bolivia, levantando gobiernos paralelos y en desacato al de Morales.

“El Gobierno –dijo la asamblea minera-- ya no puede eludir irresponsablemente este camino. Basta de concertar con los conspiradores y saboteadores del verdadero proceso de cambio. El cambio no debe ser frase hueca sino cambio estructural para recuperar nuestros recursos naturales y explotarlos a través del Estado bajo control social. Nacionalizar e industrializar nuestras riquezas debe ser el objetivo inmediato. La experiencia ha demostrado que sólo el pueblo a través del Estado puede hacerlo”.

ENTREVISTA EXPLICATIVA

Y ese cambio, prometido por Evo, tiene su cara visible en la lucha por la nueva ley de pensiones, tal como lo explica Felipe Machaca, secretario general de la COB en una entrevista por radio Fides.

-¿Por qué se están enfrentando al gobierno de Morales?
-Hemos estado en diálogos permanentes en muchas ocasiones, especialmente sobre el pliego de la Central Obrera Boliviana, pero no tuvimos ningún resultado. Lamentamos que los ministros del área política, económica y social, agrario y agropecuario, no tuvieron la capacidad de responder a las demandas de los trabajadores. Tampoco han respondido a la Ley de Pensiones de los trabajadores, que se ha vuelto central.
Aquí, quiero ser muy claro. Hubieron gobiernos dictadores, gobiernos neoliberales y ahora entra un compañero cocalero a la Presidencia, del movimiento popular y diciendo que quiere rescatar la agenda del 2003, pero que no lo hace, porque la agenda del 2003 decía la nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización, el rescate de los recursos naturales, la Asamblea Constituyente popular y originaria y otros temas que son de lucha permanente de los trabajadores.
Nuestros compañeros cayeron en la masacre genocida del 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, que hoy es prófugo de la justicia. Después vienen las elecciones y entra al gobierno Evo Morales, que tiene cara de originario, pero que en los hechos está haciendo una práctica neoliberal. En la Central Obrera Boliviana ya hemos denunciado que muchos ministros son neoliberales, vienen incluso de los gobiernos de Sánchez de Lozada, ahí tenemos, por ejemplo, al ministro de Hacienda, el viceministro de la Ley de Pensiones y así muchos ministros que están protegiendo el sistema neoliberal y han vuelto a Evo Morales un florero más.

-¿El presidente Evo Morales es un florero?
-Así se podría entender, porque él no manda ni ordena atender las demandas de los trabajadores y de la Central Obrera Boliviana. Él se olvida que en muchas situaciones, él se protegió en la COB y que la COB siempre ha protegido la demanda de los compañeros cocaleros. Alguna vez, incluso, el suscrito estuvo en huelga de hambre para que levanten el cerco militar sobre el Chapare. Pero ahora, él ya se ha olvidado de su Central Obrera Boliviana. Lamentamos esa situación y que esté actuando como en los gobiernos neoliberales. Lamentamos que tengamos que hacer nuestras marchas de protesta, huelgas indefinidas, bloqueos de caminos y huelgas de hambre como en los tiempos de los neoliberales.
El Gobierno está haciendo la práctica de los gobiernos neoliberales: detenernos, masacrarnos, hacernos comer tierra, pisotearnos. La policía nos hizo en Caracollo (en la represión del bloqueo del lunes 28 de julio de la COB sobre la carretera entre Oruro y La Paz, NdR), nos pisotearon, bailaron sobre nuestras espaldas, nos hicieron perder nuestros documentos, nuestros celulares y posteriormente nos llevaron a patadas a un bus y nos metieron a la maletera y allí nos metieron gas. Muchos compañeros casi se asfixian, golpeamos el portón y ahí nos hemos recordado de los gobiernos neoliberales.
Esas son las acciones neoliberales. Esas cosas las ordena el Ministro de Gobierno, porque la Policía está al mando del Ministerio y del Poder Ejecutivo.

-¿Por qué han bloqueado en Caracollo?
-En Caracollo realizamos un bloqueo de caminos por resolución del ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, donde pedimos la abrogación inmediata de la Ley de Pensiones 1732 y pedimos que se apruebe la ley de pensiones de los trabajadores. La ley 1732 es una ley neoliberal, muchos trabajadores tienen que trabajar hasta sus 65 años y 70 años y no tienen derecho a la jubilación. Por eso ejercimos nuestro derecho a la protesta y fuimos reprimidos con gases y balines.

-Pero, ¿se dan cuenta que con estas protestas están perjudicando a Evo Morales, en vísperas del revocatorio?
-Nosotros hemos dicho al gobierno desde hace mucho tiempo que responda al pliego de la Central Obrera Boliviana, que apruebe nuestra ley de pensiones, consensuada por todos los trabajadores en el segundo congreso de seguridad social y donde el gobierno fue parte. Lamentablemente el gobierno se ha olvidado de la situación de los trabajadores. Entramos al diálogo y nos dijeron que nuestro planteamiento debería tener una consistencia de cinco años en lo matemático actuarial y nosotros lo hicimos por 20 años. Lo presentamos nuevamente y ahora lo que hacen es dilatarnos y dilatarnos.
El compañero Evo Morales hizo bloqueos de caminos y resistió de esa manera la erradicación de la hoja de coca, pero ahora él se ha olvidado y ahora nos mete balines, gases, detenciones, golpes y presos en esas especies de cámaras de gas.

-¿Qué es lo que van hacer?
-Lo que nosotros estamos cumpliendo es la huelga general indefinida con bloqueos de caminos a nivel nacional. El gobierno debe solucionar de una vez esta situación. Exigimos el diálogo entre la COB y el gobierno. Estamos en vigilia y vamos a seguir, aunque nos sigan metiendo gases y balines, hasta que el gobierno atienda nuestras demandas. Caso contrario, si hay detenidos y heridos, el único culpable será don Evo Morales Ayma y García Linera que están actuando como en los gobiernos neoliberales, cuando reclamamos una cosa, lo único que hacían era meternos represión.
Queremos una ley de pensiones que realmente favorezca a los trabajadores. Tantos años que los trabajadores estamos pidiendo esa ley y no hay; después pueden atender el resto del pliego.

-Y si usted fuera Evo Morales, ¿qué haría?
-Lo que alguna vez le dijimos a Evo Morales de que tiene que ser sensible con sus compañeros (…) En todo caso si yo manejo y les doy a mis compañeros esa situación, porque realmente se puede, porque las AFPs han tomado los recursos económicos generados por los pulmones de los trabajadores, han tomado el salario de los trabajadores esas transnacionales. Lo que nosotros queremos es que esos aportes de los trabajadores sean administrados por los mismos bolivianos y por las transnacionales.
Los neoliberales han saqueado al país y a los trabajadores. En el país hay cualquier cantidad de pobres, de desempleados, no hay política agropecuaria, nuestros compañeros del campo viven del autoconsumo y peor en las ciudades donde están los desempleados, que no tienen derecho a la jubilación. La COB está luchando por todos ellos y quiere que el Presidente se sensibilice con los trabajadores.

UN SISTEMA EN CRISIS

La demanda laboral para abrogar la ley neoliberal de pensiones y sustituirla por un sistema solidario, donde los trabajadores activos, el Estado y los empresarios financien el pago de las jubilaciones, es parte vital de la lucha popular y ha sido, incluso, recogida por el propio presidente Morales que había prometido en su campaña electoral hacerla realidad.

Y es que el actual sistema privado de pensiones, administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sólo brinda posibilidades reales de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana, quedando el restante 90 por ciento sin derecho a recibir en el futuro rentas de jubilación, debiendo por tanto trabajar hasta la muerte.

Este sistema privatista se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución mensual del 12,5 por ciento de su salario con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. En este sistema, que permite que las AFPs obtengan millonarias utilidades al manejar 3.200 millones de dólares aportados por los trabajadores, no hay aportes de los empresarios ni del Estado.

Este sistema intenta ser preservado tal como está por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación.

La segunda propuesta, ya remitida al Congreso, es la del gobierno del presidente Morales que plantea, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.

La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para que estos recursos sean administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores, y iv) que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas aporten obligatoriamente a los fondos de jubilación en una cuantía que garantice la sostenibilidad del sistema.