II Jornada Estatal de Lucha contra las Listas de Espera

Más de 600.000 personas esperan una in­tervención quirúrgica en todo el estado (una de cada cinco más de seis meses), mientras que en 2008 eran 364.000 personas, lo que indica que en estos años de recortes el número casi se ha dupli­cado. Respecto a la lista de espera diagnóstica, casi 2 millones de personas están a la espera de la primera consulta con el especialista, con un tiem­po medio de espera de casi 60 días.

En estos últimos años el “cuello de botella” ha pasado, del quirófano al diagnóstico (primera cita con el especialista), retrasándose aún más la atención de los enfermos, ocurriendo que haya personas que fallecen antes de ser diagnostica­das o recibir tratamiento.

Estas vergonzosas cifras, sin embargo, no son reales. El sistema utiliza diferentes estrata­gemas para falsear los datos, ya sea retrasando la inclusión en la lista, bloqueando las agendas, expulsando a los que no aceptan ser interveni­dos en centros privados, presionando a los pro­fesionales, etc.

Este deterioro planificado del sistema, ha empujado a sectores de población que aún mantienen cierta capacidad adquisitiva, hacia los seguros privados. Así, a pesar de la “crisis eco­nómica”, se ha pasado de 5,3 millones de per­sonas en 2006, a 7,5 millones en 2017 con un seguro sanitario privado, es decir 2,2 millones de personas más (un crecimiento del 41 %).

Sin embargo, es posible enfrentar el proble­ma de las listas de espera y reducirlas en gran parte, incluso con menos gasto sanitario. Pero exige tomar una serie de medidas de sentido común, utilizando al 100 por 100 los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud (qui­rófanos, tecnología, etc.), lo que colisionará con intereses particulares que están instaurados con mucha fuerza dentro de la Administración Sani­taria.

PROPONEMOS:

1. Creación de un turno de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas que sean necesarias, para mantener funcionando a pleno rendimiento todos los recursos hasta las 21 horas. Esto permitiría, contratar a los profesionales que actualmente obligamos a emigrar (cuando su formación nos cuesta hasta 300.000 €), y también suprimir las horas extras realizadas por las tardes.

2. Prohibición de los conciertos con cen­tros privados, innecesarios al poner a funcionar los centros públicos al 100 por 100, con el consi­guiente ahorro.

3. Incompatibilidad absoluta para que el personal del sector público trabaje en la priva­da. Ninguna empresa privada permite a sus pro­fesionales trabajar en la competencia.

4. Establecimiento de plazos para la aten­ción, similares en todo el estado, independien­temente del lugar de residencia, para acabar con las vergonzosas diferencias que se han instaura­do en estos treinta años. Financiación sanitaria finalista, para acabar con las enormes diferencias en el gasto sanitario per cápita [1].

5. Entrada en lista de espera automática, tras la decisión clínica de derivación al especia­lista, petición de prueba diagnóstica o interven­ción, mediante la asignación y entrega de un código al paciente que garantice el seguimiento y control de la cita.

6. Democratización del sistema. Transpa­rencia absoluta y acceso sencillo a todos los da­tos de actividad, calidad, gasto y adjudicaciones del SNS.

A nivel estatal, solo existe una norma [2] que “garantiza” un tiempo máximo de acceso para cinco tipos de cirugías: 180 días para cardíaca valvular, cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Tras más de 30 años de Ley General de Sanidad, los políticos no han tenido tiempo para garantizar por Ley plazos para el resto de intervenciones quirúrgicas, consultas externas, o pruebas diagnósticas. Cada Comunidad Autónoma ha legislado, o no, normas para sus territorios, lo que ha dado como resultado enormes diferencias en las teóricas ga­rantías de acceso a la asistencia sanitaria. Incluso en aquellas autonomías que disponen de mejo­res garantías, hay una trampa muy habitual que es dar las primeras citas bastante rápido pero luego las consultas sucesivas o las pruebas diag­nósticas se retrasan muchos meses como en el resto del estado.

Contra las vergonzosas diferencias existen­tes en función del lugar de residencia, propone­mos la extensión a todo el estado de las garan­tías existentes en los territorios con normativa más avanzada [3]:

— Consultas preferentes garantizadas en un plazo máximo de 10 días.

— Resto de consultas de atención especiali­zada, plazo máximo de 30 días.

— Pruebas diagnósticas relacionadas con procesos de oncología y cardiología, 30 días.

— Otras pruebas diagnósticas programa­das no urgentes, 45 días.

— Cirugía oncológica plazo máximo de 30 días.

— Cirugía cardiaca plazo máximo de 60 días.

— Resto de cirugías 120 días.

[1] De hasta el 30 % menos en 2018: País Vasco 1.695 euros por habitante, Andalucía 1.158 euros, es decir, una diferencia de 537 euros por habitante.

[2] Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

[3] País Vasco y Navarra.